Bajo el argumento de que la legislación vigente desestimula la oferta de viviendas en arrendamiento, se avanza en desmontar las regulaciones que durante años limitaron —aunque de manera parcial e insuficiente— algunos de los abusos históricos del mercado inmobiliario contra los inquilinos, para abrir mayores espacios de rentabilidad al negocio privado de la vivienda. La lógica es la misma que en todo lo que ya desde Maduro venían haciendo en materia económica: si la norma desestimula al capital privado porque considera que es un obstáculo a su margen de ganancias, entonces cambiemos la pauta para satisfacer la expectativa empresarial.
Pero la vivienda es un derecho social y humano, no una mercancía. Aunque para el gobierno tutelado por el imperialismo, que encabeza la colaboracionista Delcy Rodríguez, este derecho humano pasa a un segundo o tercer plano. El carácter profundamente antipopular y de clase de esta reforma se evidencia en el momento elegido para su aprobación.
Esta reforma es llevada a cabo por quienes hace años defendían la Ley de Arrendamientos como una conquista frente a la especulación inmobiliaria, y hoy sostienen exactamente lo contrario. El propio presidente de la Asamblea Nacional afirmó durante la presentación de la reforma que la legislación vigente es “regresiva” y que “asfixia” al sector privado. Traducido al lenguaje de la política económica del gobierno, esto significa que las necesidades de rentabilidad de propietarios, inmobiliarias y grandes inversionistas se colocan por encima del derecho social a una vivienda digna.
¿Qué busca modificar la reforma?
Aunque el texto definitivo aún deberá atravesar las siguientes fases del trámite legislativo, el contenido presentado en la primera discusión deja ver con claridad la orientación general. La reforma pretende flexibilizar el régimen de alquileres bajo el argumento de incentivar la oferta de viviendas. Para ello, se plantea reducir mecanismos de regulación estatal sobre la fijación de cánones, simplificar procedimientos para propietarios y revisar disposiciones que anteriormente limitaban desalojos y otras prácticas consideradas abusivas.
Todo ello se justifica señalando que las regulaciones vigentes desestimulan la inversión inmobiliaria. En otras palabras, el problema deja de ser el acceso de millones de personas a una vivienda y pasa a ser la rentabilidad del mercado inmobiliario.
Es toda una lógica y política profundamente empresarial, neoliberal: si se eliminan restricciones a los propietarios, en teoría aumentará la oferta de viviendas y el mercado “resolverá” el problema habitacional. Pero la experiencia del país y de toda América Latina demuestra exactamente lo contrario. Cuando el alquiler queda librado a las reglas del mercado, quienes fijan las condiciones son quienes concentran la propiedad inmobiliaria y buscan maximizar sus ganancias, haciendo más dramático el problema de la vivienda.
Fotografía: Sesión ordinaria de la Asamblea Nacional donde se vota en primera instancia la reforma a la Ley de arrendamiento.
La realidad que viven inquilinos y una reforma para los negocios, no para resolver la crisis habitacional
Incluso sin haberse aprobado la reforma, la realidad cotidiana de quienes necesitan alquilar una vivienda está marcada por prácticas profundamente abusivas. En prácticamente todas las ciudades del país, los alquileres se cobran en dólares, completamente desvinculados del ingreso real de la población, y además indexados periódicamente, aún en dólares. Para acceder a una vivienda se exige normalmente cancelar varios meses por adelantado, depósitos de garantía que en numerosos casos nunca son devueltos, pagos adicionales por elaboración de contratos privados, honorarios de abogados e incluso diversas comisiones que encarecen todavía más el acceso a un techo.
En muchos casos, una familia debe reunir el equivalente a seis o incluso ocho o diez meses de alquiler antes de poder ocupar una vivienda. Esto ocurre en un país donde el salario y las pensiones permanecen pulverizados y donde millones de trabajadores apenas logran cubrir parte de la alimentación básica. La reforma, lejos de atacar estas prácticas especulativas, apunta precisamente a fortalecer un mercado que ya funciona sobre condiciones profundamente desiguales.
El problema del alquiler no puede verse separado de la enorme crisis estructural de vivienda que atraviesa Venezuela desde hace décadas. Millones de familias nunca han podido acceder a una vivienda propia. Otras habitan ranchos, construcciones autoconstruidas con graves deficiencias estructurales, viviendas deterioradas o zonas altamente vulnerables frente a inundaciones, deslizamientos o terremotos. Mientras tanto, sectores del negocio inmobiliario concentran inmuebles desocupados, especulan con los precios de venta y alquiler, y obtienen rentabilidades extraordinarias aprovechando la necesidad básica de la población.
La vivienda deja así de ser un derecho para convertirse en una mercancía sometida a la lógica de la ganancia privada. Lejos de cuestionar esta realidad, la reforma de la Ley de Arrendamientos busca hacer todavía más atractivo ese negocio para los grandes propietarios y desarrolladores inmobiliarios.
En este marco, la reforma de alquileres parte de una estrategia mucho más amplia impulsada por el gobierno. Las reformas exprés aprobadas durante los últimos meses muestran una misma dirección política: mayores facilidades para los grandes empresarios, apertura a grandes capitales nacionales y extranjeros, flexibilización regulatoria y nuevas garantías jurídicas para los negocios capitalistas. Ocurrió con la reforma de la Ley de Hidrocarburos. Ocurrió con la reforma de la legislación minera. Ocurre ahora con la Ley de Arrendamientos.
Mientras se multiplican los beneficios para los sectores empresariales, los salarios permanecen prácticamente congelados, continúan deteriorándose los servicios públicos y se profundiza la precarización laboral. La recuperación económica de la que habla el gobierno se sostiene sobre una creciente transferencia de riqueza hacia los grandes grupos empresariales, mientras las condiciones de vida del pueblo trabajador continúan deteriorándose.
No es casualidad que la empresarial Cámara Venezolana de la Construcción esté oliendo el negocio. Proponen la creación de “un mecanismo independiente para supervisar la ejecución de los recursos internacionales destinados a la reconstrucción del país” tras los terremotos; en otras palabras, meter la mano en los recursos públicos. Al mismo tiempo, derogar o reformar la Ley Contra la Estafa Inmobiliaria.
Una reforma aprobada en medio de una tragedia social
La aprobación en primera discusión adquiere un carácter todavía más indignante por el momento en que ocurre. Nuestro país acaba de sufrir dos terremotos que dejaron miles de familias sin vivienda, numerosas edificaciones destruidas y enormes sectores populares viviendo temporalmente en refugios o campamentos improvisados.
En estas circunstancias, cabría esperar que el Estado impulsara una legislación extraordinaria destinada a garantizar alojamiento inmediato, prohibir desalojos, controlar estrictamente los precios de alquiler, ocupar viviendas ociosas para atender la emergencia y lanzar un amplio plan público de reconstrucción bajo control de trabajadores, comunidades y especialistas independientes.
Sin embargo, la prioridad del gobierno ha sido exactamente la contraria: avanzar en una reforma destinada a ofrecer mayores garantías al mercado inmobiliario. Mientras miles de familias continúan sin saber dónde vivir, la Asamblea Nacional debate cómo crear mejores condiciones para el negocio privado del alquiler. Los salarios, destruidos por años de ajuste, hacen imposible que amplios sectores de trabajadores, jóvenes y pensionados puedan alquilar o comprar una vivienda en condiciones dignas.
Ante este drama, aumentado por la tragedia de los terremotos, la respuesta pasa por avanzar en una política completamente opuesta: prohibición efectiva de los desalojos por razones económicas; control social de los cánones de arrendamiento; eliminación de los cobros abusivos de depósitos, adelantos y comisiones; utilización de viviendas desocupadas para atender la emergencia habitacional; construcción masiva de viviendas públicas con materiales de calidad y planificación urbana al servicio de las necesidades populares y no de la especulación inmobiliaria. Tras los terremotos, estas medidas adquieren un carácter aún más urgente. Miles de familias necesitan soluciones inmediatas, no nuevas concesiones a quienes hacen negocios con la necesidad de un techo.
Como hemos planteado en La Izquierda Diario y desde la Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS) en las propuestas de emergencia frente a la catástrofe social provocada por los terremotos, el país necesita una política completamente distinta: poner todos los recursos económicos al servicio de garantizar vivienda segura, reconstrucción y condiciones de vida dignas para las familias trabajadoras, en lugar de seguir privilegiando los intereses del gran capital.
Defender ese derecho implica luchar por salarios al nivel de la canasta básica que permitan vivir, por el fin de la especulación con el suelo y los alquileres, por un plan nacional de vivienda pública y por el acceso universal a una morada segura, digna y con todas las condiciones necesarias para el pueblo trabajador y las grandes mayorías populares que históricamente han sido privadas de ese derecho fundamental.
