La venta de un grupo de colegios concertados a una aseguradora suiza por 200 millones de euros, adelantada por El Confidencial, ha sacudido el sector de la enseñanza. Especialmente el de la enseñanza privada, y más especialmente el de la privada subvencionada con fondos públicos, hasta ahora más o menos ajeno al creciente (y goloso) negocio educativo. ¿Es lícito sacar dinero de unas escuelas sostenidas con el dinero de todos, que además están construidas en parcelas que la Comunidad de Madrid cedió gratuitamente?
Para parte de la comunidad educativa esta operación supone un salto cualitativo importante. Una cosa son los colegios privados puros, argumentan (subsector en el que ha habido compraventas recientes), y otra hacer negocio con centros donde se invierte mucho dinero público. Entre las más beligerantes está Cicae, una asociación de centros privados que ve en la concertada, especialmente la madrileña, competencia desleal e incluso sitúa esta operación fuera de la legalidad, pero también la principal patronal de escuela concertada del país.
